La minería ilegal en Piura enfrenta dificultades de fiscalización debido a las limitaciones presupuestarias y de personal de la Dirección Regional de Energía y Minas, advirtió Wilmer Arévalo Nima, decano de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura (UNP). Según el especialista, esta situación reduce la capacidad de intervención en las zonas donde se desarrolla esta actividad. Por ello, planteó fortalecer la participación del Gobierno central y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Reinfo: cuestionan avances en la formalización minera
Arévalo Nima expresó su preocupación por los resultados del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo implementado para facilitar la formalización de los operadores mineros. Según indicó, una parte importante de los inscritos no ha completado el proceso, pese a que el registro funciona desde hace casi una década.
El especialista también señaló que los procedimientos documentarios pueden prolongarse durante meses o años. En ese contexto, advirtió que algunos operadores vinculados con la minería ilegal podrían aprovechar el mecanismo para encubrir actividades que operan al margen de la normativa.
Otro aspecto que destacó fue el origen y uso de explosivos en las operaciones mineras ilegales, debido a los riesgos que pueden representar para la seguridad ciudadana. Frente a ello, consideró necesario reforzar las intervenciones estatales para combatir estas actividades.
Fiscalización minera en Piura requiere mayor intervención estatal
El decano explicó que entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) realizan labores de supervisión dentro de sus respectivas competencias.
Sin embargo, sostuvo que combatir las operaciones mineras ilegales requiere una estrategia que incluya una mayor participación del Gobierno central y el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades responsables.
Asimismo, señaló que es necesario mejorar la articulación entre los gobiernos locales, regionales y nacionales para establecer medidas de control. A su juicio, las limitaciones presupuestarias y la falta de personal dificultan la respuesta de las autoridades regionales ante esta problemática.
Formalización minera podría generar más recursos para Piura
Arévalo Nima indicó que la formalización de las actividades extractivas permitiría mejorar la recaudación de regalías y otros aportes al Estado. Estos ingresos pueden contribuir a las transferencias de recursos hacia las regiones mediante mecanismos como el canon minero.
Los recursos provenientes de la actividad minera pueden destinarse al financiamiento de proyectos y servicios públicos en las zonas donde se extraen los minerales, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Finalmente, el decano propuso establecer una mesa de trabajo entre el Gobierno central y las autoridades regionales y locales para coordinar medidas contra la minería ilegal y evaluar alternativas que faciliten la formalización de las actividades extractivas en Piura.
