El presidente de la República, Martín Vizcarra, promulgó la ley que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las personas naturales y mypes afectadas por la pandemia.
La norma, que se publicará hoy en El Peruano, crea un programa de garantías por S/ 5.500 millones que permitirá la reducción de las tasas de interés hasta en 25% en las reprogramaciones de deudas, sea en bancos, cajas municipales, cajas rurales, microfinancieras, entre otras empresas financieras.
Su implementación se detallará en el reglamento de la ley que se publicaría a más tardar el 18 de octubre. Luego de ello, los deudores podrán iniciar los trámites de reprogramación en su entidad.
De esta forma, se prevé que para el 3 de noviembre podrían aprobarse los primeros créditos reprogramados a tasas bajas. “Hicimos un esfuerzo de juntarnos (Ejecutivo y Congreso) y salió la norma consensuada”, anotó el mandatario.
¿Para quiénes está dirigido el congelamiento o la reprogramación de créditos?
A aquellos deudores de préstamos de consumo o personales, que suman casi 5 millones de peruanos. A los créditos a mypes, cuyo universo potencial asciende a 1,3 millones de microempresarios.
En el caso de los créditos hipotecarios (no Mivivienda), por cerca de 80 mil deudores. Finalmente, a los créditos vehiculares, que sumarían 620 mil personas aproximadamente.
“Es una norma de sumo interés para gran parte de la población agobiada por sus deudas en el sistema financiero, y con esta norma tendrán un alivio para atender esta responsabilidad”, agregó Vizcarra Cornejo.
Cabe recordar que la Asociación de Bancos (Asbanc) había saludado la iniciativa del Gobierno. Mientras que Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), también felicitó la medida.
Sin embargo, señaló que las entidades asociadas a la federación realizarán, el lunes, un análisis más amplio del programa. Con el fin de evitar que “haya vacíos” en la norma que puedan perjudicar al cliente o a las financieras.
Y es que, según las cooperativas de ahorro y crédito, había incertidumbre, por ejemplo, en que si estaban habilitadas para aplicar la ley. Si bien el universo de potenciales beneficiarios sumaría más de 7 millones de peruanos, no a todos se les aprobaría una reprogramación o congelamiento.
