En un país donde la carga regulatoria ha sido tradicionalmente un obstáculo para el desarrollo económico, Perú comenzó a implementar acciones decididas para reducir la burocracia innecesaria. Entre 2020 y 2024, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lideró un esfuerzo para identificar y eliminar normativas que dificultan la actividad productiva sin generar beneficios reales, informó Agencia Andina.
Un enfoque selectivo para una regulación eficiente
El objetivo de esta iniciativa no es desmontar todo el marco normativo, sino separar las regulaciones necesarias de aquellas que generan trabas injustificadas. Así lo sostiene un informe publicado por el Suplemento Económika del diario El Peruano. El análisis distingue entre normativas útiles —como las que protegen a los consumidores o garantizan estándares de calidad— y aquellas que imponen costos innecesarios al aparato productivo.
Impacto económico: más de 873 millones de soles en ahorros
Según el informe Impacto Económico y Eliminación de Barreras para el Quinquenio, la supresión de más de 26 mil obstáculos administrativos generó un ahorro estimado de 873.6 millones de soles para empresas y ciudadanos. Estos recursos, liberados de trámites improductivos, pueden ahora destinarse a actividades que fomentan la inversión, el empleo y el crecimiento económico.
El verdadero costo de la burocracia
Las barreras burocráticas no solo implican gastos monetarios —como tasas, honorarios y tiempo invertido en trámites—, sino también pérdidas de oportunidades y proyectos frustrados. Para dimensionar ese impacto, Indecopi calcula el costo unitario de cada barrera y lo multiplica por el número de personas potencialmente afectadas. Este enfoque ha permitido identificar cuáles son las trabas con mayor carga económica.
Desigualdad en impacto según el nivel de gobierno
Un hallazgo relevante del análisis revela que, aunque los gobiernos locales y regionales generaron el 81% de las barreras identificadas, estas solo representaron el 27% del impacto económico. En cambio, las regulaciones emitidas por el Poder Ejecutivo —pese a ser apenas el 3% del total— concentraron casi el 70% del costo económico, lo que sugiere que la calidad de la regulación tiene un peso mayor que su cantidad.
Las zonas más afectadas
Geográficamente, las regulaciones de alcance nacional fueron las más costosas (624 millones de soles), seguidas por las impuestas en Lima, Áncash, Junín y San Martín. Esta distribución refleja tanto la centralización económica como la existencia de focos regionales que enfrentan serios problemas regulatorios.
Denuncias ciudadanas: clave para detectar las barreras más costosas
Otro dato revelador es que solo el 7% de las barreras eliminadas surgieron de denuncias ciudadanas, pero estas representaron el 81% del ahorro total. Esto demuestra que las personas afectadas son las más capacitadas para identificar los obstáculos con mayor impacto en sus operaciones.
Un modelo reconocido internacionalmente
El sistema peruano para eliminar barreras burocráticas ha sido reconocido por organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE. A diferencia de otros países, Indecopi tiene la capacidad de ordenar directamente a entidades públicas que cesen la aplicación de ciertas barreras, lo que convierte al modelo peruano en un referente global en la materia.
La experiencia del Indecopi sugiere que prevenir es más eficiente que sancionar. Mientras un proceso sancionador puede durar hasta seis meses, las intervenciones preventivas —como la capacitación y el monitoreo técnico— permiten resolver problemas regulatorios en plazos más cortos y con menor inversión de recursos.
Capacitación y cultura organizacional: claves para el cambio
El trabajo en campo reveló que muchos funcionarios públicos actúan de buena fe, pero están condicionados por normativas contradictorias o desactualizadas. Por ello, Indecopi ha desarrollado un enfoque de formación continua para transformar la cultura regulatoria desde dentro, promoviendo herramientas como rankings de entidades restrictivas para incentivar el cambio institucional.
Uno de los principales obstáculos es la alta rotación de autoridades municipales. Cada cambio implica capacitar nuevamente al personal. Frente a ello, se han desarrollado cursos virtuales y estrategias de formación dirigidas a funcionarios de todos los niveles, con el objetivo de mantener el conocimiento disponible más allá de los cambios de gestión.
Para lograr una simplificación sostenible, el país debe transitar hacia un modelo donde las propias entidades públicas incorporen la eliminación de trabas como parte de su estructura organizativa. Según Francisco Ochoa Mendoza, del Indecopi, es necesario que las municipalidades creen sus propias oficinas dedicadas a identificar y eliminar barreras burocráticas.
El papel del Ejecutivo y el reto legislativo
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dado un paso importante al implementar un plan para eliminar más de 1,800 barreras burocráticas. No obstante, las limitaciones legales impiden que esta estrategia se aplique de forma directa en los gobiernos locales, lo que requerirá reformas legislativas específicas adaptadas a su realidad.
Reducir los costos regulatorios es fundamental para aumentar la competitividad del país. La evidencia internacional muestra que los países con marcos normativos más simples atraen mayor inversión y generan mejores condiciones para el desarrollo económico. La experiencia peruana ofrece una hoja de ruta que, con ajustes y compromiso institucional, puede consolidar un entorno más propicio para el crecimiento.
