El Gobierno implementó nuevas medidas para que los usuarios de billeteras digitales puedan denunciar extorsión de manera inmediata, cumpliendo con lo establecido en la Ley 32490. La iniciativa busca reforzar la seguridad digital y evitar que estas plataformas sean utilizadas para el cobro de cupos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP asumió la verificación de los sistemas de monitoreo que deben incorporar las empresas operadoras.
Implementación de denuncias en billeteras digitales
A fin de fortalecer la respuesta del Estado frente a la extorsión, el Gobierno dispuso que las empresas operadoras de billeteras digitales avancen en la implementación de mecanismos que permitirán a sus usuarios denunciar si son víctimas de este delito.
La disposición tiene su origen en la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancía.
Dicha norma se encarga a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la verificación de que las billeteras digitales cuenten con sistemas de monitoreo para evitar que estas plataformas sean utilizadas por extorsionadores para el cobro de cupos.
«En cumplimiento de dicho mandato, el Ejecutivo ha sostenido coordinaciones con el gremio financiero para exhortar a las empresas del sector a facilitar la denuncia directa de sus usuarios desde los aplicativos», informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Las instituciones financieras comunicaron que se encuentran desarrollando opciones específicas dentro de sus plataformas para que los usuarios puedan alertar, de manera inmediata, que son víctimas del cobro de un cupo mediante billetera digital.
Estrategia estatal para frenar el cobro de cupos
Según la Presidencia del Consejo de Ministros, «estas acciones forman parte de una estrategia integral del Ejecutivo para impedir que las herramientas digitales sean utilizadas por organizaciones criminales, y para fortalecer la capacidad del Estado en la detección temprana de extorsiones».
La medida busca mejorar la seguridad en el ecosistema digital financiero, incorporando canales ágiles que permitan identificar patrones de actividad ilícita en tiempo real. Estas disposiciones se suman a otras acciones normativas orientadas a reducir la vulnerabilidad de los usuarios y reforzar los mecanismos de control.
