El Indecopi informó que las recientes modificaciones a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas permitirán eliminar sobrecostos que afectaban a usuarios y empresas en procedimientos de libre competencia. La reforma, aprobada por el Poder Ejecutivo, busca fortalecer la eficacia de los procesos sancionadores y facilitar la participación de los agentes económicos, reduciendo cargas económicas que podían desincentivar denuncias o limitar el ejercicio del derecho de defensa.
Cambios en la Ley de Libre Competencia: qué elimina el Decreto Legislativo 1728
La modificatoria fue establecida mediante el Decreto Legislativo N° 1728, en el marco de las facultades legislativas delegadas a través de la Ley N° 32527.
Según detalló Indecopi, se eliminaron dos cargas económicas relevantes en los procedimientos sancionadores:
- Se suprime el pago de una tasa equivalente a media Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para solicitar medidas cautelares.
- Se elimina la posibilidad de trasladar a las partes los costos de medios probatorios ordenados de oficio por la autoridad, como peritajes técnicos o informes especializados.
Estas medidas reducen costos asociados a la tramitación de denuncias por prácticas anticompetitivas, facilitando un acceso más equitativo al sistema.
«Con ello, se reducen obstáculos que podían desincentivar la presentación de denuncias o el ejercicio pleno del derecho de defensa», sostuvo la entidad.
Libre competencia en Perú: impacto para empresas y consumidores
La reforma refuerza el trabajo de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, permitiendo una actuación más oportuna frente a prácticas que distorsionan el mercado.
De acuerdo con Indecopi, los cambios buscan garantizar la participación de los agentes involucrados en procedimientos sancionadores, respetando su derecho de defensa y fortaleciendo la prevención y sanción de conductas anticompetitivas. El objetivo es promover mayor eficiencia económica y bienestar para los consumidores.
Asimismo, la actualización normativa contribuye a alinear el régimen peruano con los estándares promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el contexto del proceso de adhesión que el Perú impulsa desde 2022.
Con estas modificaciones, se consolida un marco regulatorio orientado a mercados más competitivos y accesibles, reduciendo barreras económicas dentro del sistema de libre competencia.
