Con 90 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó, por insistencia, una norma que acorta los plazos para que las entidades financieras actualicen la información de sus clientes en las centrales de riesgo, como Equifax-Infocorp, luego de que estos regularicen sus deudas.
La medida la observó el Poder Ejecutivo en marzo. Sin embargo, tras su aprobación definitiva se incorporarán los artículos 13 y 14 a la Ley 28587, que complementa la Ley de Protección al Consumidor en servicios financieros.
Entidades deberán emitir constancia de regularización en una semana
De acuerdo con el dictamen, una vez que el deudor se pone al día con sus obligaciones, podrá solicitar a la entidad financiera una constancia de regularización. Esta deberá entregarse en un plazo máximo de siete días hábiles desde la recepción de la solicitud. Ello permitirá al consumidor evidenciar el cumplimiento de su pago ante cualquier central de riesgo.
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Manuel García Correa, aseguró que esta iniciativa beneficiará a millones de personas afectadas por la falta de actualización de sus historiales crediticios.
“Esto no solo tiene consecuencias económicas, sino también repercusiones morales para quienes ya cumplieron con sus obligaciones”, señaló.
Protección adicional frente a fraudes con tarjetas y líneas de crédito
El dictamen también contempla mecanismos para proteger a los consumidores que han sido víctimas de fraudes, como el uso no autorizado de tarjetas o líneas de crédito. Según datos del Indecopi, los reclamos por operaciones no reconocidas han ido en aumento. Ello evidencia una necesidad urgente de regulación en este ámbito.
En ese contexto, si una entidad bancaria verifica que una denuncia por consumo no reconocido es válida, deberá informar de inmediato al afectado y remitir un informe a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dentro de los siete días siguientes. La SBS, a su vez, deberá notificar a las entidades financieras y centrales de riesgo sobre la corrección, también en un plazo máximo de siete días desde que el cliente la solicita.
Ejecutivo consideró innecesaria la norma, pero Congreso la ratifica
El Poder Ejecutivo había cuestionado esta propuesta, argumentando que las entidades financieras ya tienen acceso en tiempo real a la base de datos de la SBS y que, por tanto, no se requería una comunicación adicional. Sin embargo, el Congreso consideró que era necesario establecer procedimientos claros para garantizar la actualización oportuna de la información crediticia, sobre todo en casos donde el retraso puede perjudicar el acceso a nuevos créditos.
Nueva ley busca proteger la reputación financiera de los consumidores
La iniciativa surgió ante las dificultades que enfrentan los usuarios para que sus historiales crediticios reflejen correctamente sus pagos. Esta situación puede limitar su acceso a financiamiento o encarecer las tasas de interés que se les ofrece. Por ello, la ley tiene como objetivo proteger a quienes cumplen con sus obligaciones y reducir los efectos negativos de los registros desactualizados o erróneos en su calificación crediticia.
