La reciente tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza Trujillo ha generado un impacto devastador en los sectores del retail y el real estate en el Perú. Este trágico suceso ha desencadenado una serie de acciones inmediatas, incluyendo rigurosos procesos de fiscalización que han llevado al cierre temporal de múltiples establecimientos. Según datos de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), hasta 12 centros comerciales, 14 supermercados y tiendas de calle han sido clausurados debido a irregularidades relacionadas con higiene, seguridad y deficiencias estructurales.
El gerente general de Accep, José Antonio Contreras , reveló a DFSUD que cada día de cierre representa una pérdida económica superior a 100 millones de soles (cerca de US$ 27 millones) para la industria de centros comerciales. Esta cifra no solo refleja las pérdidas directas en ventas, sino también el impacto en toda la cadena productiva, afectando especialmente a pequeños comercios y emprendedores que dependen de estos espacios para sus operaciones.
Impacto económico: Pérdidas millonarias y empleos en riesgo
La crisis provocada por los cierres ha resultado en la pérdida de aproximadamente 65,000 empleos directos, exacerbando la situación económica de miles de peruanos. Contreras señaló que, aunque tres centros comerciales ya han reabierto sus puertas, la expectativa es que todos los establecimientos afectados retomen sus operaciones en un plazo de 15 días bajo niveles normales de actividad. Sin embargo, expertos como Jorge Carrillo, de Pacifico Business School, advierten que este proceso podría extenderse hasta 30 días en el mejor de los casos, o incluso entre cuatro y cinco meses en escenarios más desfavorables.
Efecto en Real Plaza y la cadena logística
El cierre del centro comercial de Trujillo está teniendo un impacto financiero significativo en Real Plaza, empresa perteneciente al conglomerado Intercorp . Según estimaciones de Carrillo, la firma estaría dejando de facturar entre un 20% y un 25% de los US$ 220 millones que genera anualmente, solo por esta clausura.
Los locatarios también enfrentan serias dificultades económicas, con ventas mermadas en las últimas semanas. Carrillo destacó que estos inquilinos tienen la posibilidad de negociar reducciones en sus tarifas de alquiler o incluso reclamar indemnizaciones por lucro cesante, pérdidas de mercadería y otros daños patrimoniales en caso de cierres prolongados. «Es hora de negociar con el mall: descuentos, nuevas tarifas, nuevas condiciones ante cierres futuros. Tienen todo el derecho a negociar», enfatizó.
Además, Contreras subrayó que los cierres están generando un daño adicional en la cadena logística de los centros comerciales, supermercados y tiendas afectadas. Esta situación podría profundizar las dificultades económicas en un sector que ya enfrenta serios desafíos, especialmente en un contexto post-pandemia donde la recuperación aún no es completa.
Investigación de responsabilidades: ¿quién es culpable?
Según Contreras, este tipo de incidentes es sin precedentes en el país, lo que resalta la gravedad de la situación. Las investigaciones en curso buscan identificar a los responsables del colapso, y las posibles implicaciones abarcan diversos actores, incluyendo:
- La operadora del centro comercial .
- El contratista que realizó la construcción de manera deficiente.
- El desarrollador del proyecto .
- El municipio, por no realizar una supervisión adecuada.
Este entramado de responsabilidades plantea un desafío significativo para las autoridades, quienes deberán determinar con claridad quiénes son los culpables de esta tragedia. «Incluso podría haber un tema judicial y ser acusados por homicidio culposo, entonces ya no se hablaría solo de una multa, pero primero hay que ver qué determinan las investigaciones», explicó Contreras.
El gerente general de Accep aseguró que lo ocurrido en Real Plaza «es una tragedia», destacando que el sector de centros comerciales en el Perú «cumple con toda la normativa que exige la ley». Afirmó que se trata de un sector formal que genera 65,000 puestos de trabajo en todo el país.
Contreras criticó la arbitrariedad en los cierres masivos, señalando que las multas son incalculables debido a la falta de un peritaje oficial integral que determine las causas exactas del colapso. «Somos los más interesados en que el peritaje oficial nos otorgue una línea de base para determinar la causa de esta tragedia y desde ahí hacer las propuestas pertinentes», concluyó.
