La minería informal e ilegal debe ocupar un lugar prioritario en la agenda del próximo Gobierno Regional de Piura, debido a sus impactos sobre la economía, el medio ambiente y la seguridad de la población, afirmó Eusebio Cruz Ruiz, docente de la Escuela de Ingeniería de Minas de la Universidad César Vallejo (UCV).
El especialista señaló que, a diferencia de la minería formal, esta actividad no genera canon ni regalías para el Estado y tampoco impulsa el desarrollo económico de la región. Además, advirtió que suele operar sin controles ambientales ni condiciones adecuadas de seguridad laboral.
«La minería formal genera canon, regalías y empleo directo e indirecto. En cambio, la minería informal e ilegal ocasiona daños al ambiente y los beneficios económicos terminan concentrándose en un grupo reducido de personas», indicó.
Cruz Ruiz sostuvo que uno de los principales retos es fortalecer el proceso de formalización minera. Para ello, consideró necesario simplificar y digitalizar los trámites administrativos, además de brindar mayor orientación y capacitación a los pequeños productores mineros.
«Muchas personas tienen temor de formalizarse porque creen que podrían perder sus concesiones o verse perjudicadas. El Estado debe generar confianza agilizando los procedimientos y brindando información clara», explicó.
Asimismo, señaló que el Gobierno Regional debe fortalecer sus capacidades de supervisión mediante mayor equipamiento, tecnología y recursos que permitan fiscalizar las actividades mineras, especialmente en zonas de difícil acceso.
Participación ciudadana
El docente también destacó la importancia de involucrar a la población en los procesos de diálogo y vigilancia de la actividad minera. A su juicio, la falta de información ha generado desconfianza en diversas comunidades respecto a los proyectos extractivos.
En ese sentido, planteó fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para que la población conozca tanto los beneficios económicos de la minería formal como las medidas destinadas a proteger el ambiente y garantizar una actividad responsable.
Además, remarcó que el combate contra la minería ilegal requiere una intervención articulada entre el Gobierno Regional, las municipalidades y entidades del Estado encargadas de la fiscalización y protección ambiental.
«Se deben tomar medidas urgentes y trabajar de manera conjunta entre todas las instituciones del Estado. Solo así se podrá controlar la minería ilegal y promover actividades que generen desarrollo sin afectar el medio ambiente», enfatizó.
Potencial minero
Finalmente, Cruz Ruiz recordó que Piura cuenta con importantes proyectos mineros en provincias como Tambogrande, Ayabaca, Paita y Sechura. Señaló que el desarrollo de estas iniciativas dependerá de un diálogo permanente con las comunidades y de la capacidad de demostrar los beneficios económicos y sociales que puede generar una minería formal.
Agregó que una adecuada gestión del sector permitiría impulsar el empleo, dinamizar la economía regional y aprovechar el potencial minero de Piura, siempre bajo criterios de sostenibilidad ambiental y participación ciudadana.
