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El jueves 15 de mayo venció el plazo legal para que las empresas realicen el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 30 de abril de 2025. Este beneficio, de carácter obligatorio, se abona dos veces al año —en mayo y noviembre— y tiene como finalidad brindar un respaldo económico al trabajador en caso de cese laboral.

De acuerdo con lo establecido por la legislación laboral vigente, este depósito debe realizarse dentro de los primeros quince días naturales de los meses señalados. En caso de incumplimiento, las empresas pueden ser sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) con multas que, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), podrían llegar hasta S/ 139,742.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la CTS?

El beneficio alcanza a todos los trabajadores del régimen laboral privado que cumplan una jornada mínima de 4 horas diarias y que hayan laborado, al menos, un mes dentro del semestre computable. El monto de la CTS es equivalente aproximadamente a un sueldo anual más la sexta parte de la última gratificación percibida.

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Por ejemplo, un trabajador con una remuneración fija mensual de S/ 3,000 recibirá anualmente S/ 3,500 como CTS, distribuido en dos pagos semestrales de S/ 1,750 cada uno, según explicó Jorge Carrillo, especialista en finanzas de la Pacífico Business School.

En caso de que el empleador no haya realizado el depósito, el trabajador puede presentar una denuncia ante Sunafil a través de su plataforma en línea, accediendo a la sección “consultas y trámites”.

CTS: retiro libre y disposición de fondos

La CTS es un fondo de ahorro destinado a proteger al trabajador ante una eventual situación de desempleo. Sin embargo, la legislación permite el retiro parcial del excedente, siempre que supere el equivalente a cuatro remuneraciones brutas.

Adicionalmente, mediante ley promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo, se autorizó el retiro del 100 % del fondo de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Aunque el reglamento aún no ha sido publicado, algunas entidades financieras ya permiten realizar el retiro total o parcial de estos recursos.

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