La Contraloría General presentó una auditoría a COFIDE que identifica una recuperación limitada de los fondos vinculados al programa Reactiva Perú. El Estado transfirió más de S/ 6031 millones al sistema financiero por créditos que quedaron impagos por más de 90 días entre 2020 y junio de 2025. El informe señala que la supervisión posterior no se aplicó de manera adecuada, lo que afecta la validación de los requisitos y el proceso de recuperación. La revisión analiza el impacto económico y los riesgos asociados.
Hallazgos sobre la supervisión de créditos garantizados
El informe señala que COFIDE no verificó de forma posterior si las empresas que recibieron créditos cumplían con los requisitos establecidos. La entidad solo revisó que las instituciones financieras adjunten los expedientes, sin evaluar la consistencia de la información enviada. Esta situación impide confirmar si los créditos honrados cumplen las condiciones de elegibilidad.
La Contraloría indica que las entidades financieras deben aplicar sus políticas internas de cobranza a los créditos garantizados, pero COFIDE no supervisó ese proceso. El programa exige que el tratamiento sea equivalente al que reciben los clientes regulares.

Montos transferidos y avances en la recuperación
El Estado transfirió S/ 6031 millones para cubrir 117 673 créditos que pasaron más de 90 días sin pago. Esta situación se generó en el periodo comprendido entre 2020 y el 30 de junio de 2025. De ese total, solo se recuperaron S/ 404 millones, lo que representa el 6.7 %.
La entidad auditada informó que S/ 2115 millones están en proceso de recuperación, cifra equivalente al 35.1 %. Además, más de S/ 3512 millones no podrían recuperarse, lo que constituiría una pérdida para el Estado. Estos montos representan el 58.2 % del total honrado.
Medidas adoptadas y observaciones del control interno
El Ministerio de Economía y Finanzas comunicó que aprobó medidas normativas para reforzar la recuperación de la cartera honrada. Entre ellas figuran disposiciones que permiten descuentos, refinanciamientos, cesión de cartera y otros mecanismos dirigidos a maximizar la recuperación. El MEF precisó que la administración del proceso corresponde a COFIDE.
El Órgano de Control Institucional de COFIDE advierte que la falta de supervisión posterior y la ausencia de control sobre las políticas de recuperación aplicadas por las entidades financieras limita la capacidad de identificar créditos que no cumplen los requisitos. Esta situación afecta la restitución de los montos honrados y compromete la protección de los recursos públicos.




















