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La informalidad en el Perú continúa en ascenso y afecta de manera directa la competitividad económica del país. Durante el II Foro de Informalidad, especialistas coincidieron en que este fenómeno dejó de ser un desafío aislado y pasó a convertirse en una barrera estructural para el crecimiento. Con un 71 por ciento de la población ocupada trabajando al margen del sistema formal, la informalidad reduce la productividad, limita el acceso al crédito y genera un entorno adverso para los emprendimientos emergentes.

Impacto de la informalidad en la productividad y el desarrollo económico

Durante el II Foro de Informalidad: “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima, diversos expertos nacionales e internacionales coincidieron en que la informalidad representa una amenaza para el Estado de derecho y la competitividad del país.

Marisol León, presidenta de la Comisión organizadora, sostuvo que una de las principales conclusiones del evento fue que la informalidad es una trampa de baja productividad que ya no puede entenderse como “emprendimiento”, sino como pobreza productiva institucionalizada. “Debemos desromantizar esta narrativa que nos ha hecho tolerar lo intolerable”, subrayó.

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El 71 por ciento de la población ocupada trabaja en condiciones informales, mayormente en actividades de subsistencia que no tienen acceso al crédito, tecnología o protección social. Estos trabajadores registran niveles de productividad entre seis y once veces menores a los del sector formal, lo que profundiza la desigualdad intergeneracional.

Según los especialistas, el reto principal es convertir la informalidad en una oportunidad mediante un sistema que permita asumir los costos de la formalización. “Es necesario crear un sistema que permita asumir los costos de la formalidad, porque hoy ser formal es excesivamente caro”, señaló León.

Panorama del comercio informal y obstáculos para la formalización

Uno de los segmentos más afectados es el comercio, que concentra el 33 por ciento de los negocios informales y presenta una incidencia superior al 86 por ciento. De acuerdo con el análisis presentado, la mayoría de comerciantes no opera fuera del sistema por preferencia, sino debido al alto costo y complejidad del proceso formal.

El Perú registra 8.2 millones de unidades productivas informales, de las cuales 5.5 millones corresponden a actividades no agropecuarias como bodegas, talleres, servicios y ventas por catálogo. Este conjunto de negocios sostiene gran parte de la economía popular y se caracteriza por su fragilidad: 36.6 por ciento tiene entre uno y cinco años de antigüedad y más del 52.3 por ciento es conducido por mujeres. Además, quienes inician un emprendimiento tienen entre 33 y 40 años.

Lima concentra el 33 por ciento de los negocios informales, mientras que regiones como Apurímac, Ucayali y Loreto registran niveles superiores al 90 por ciento.

Abrir un negocio puede demorar hasta 71 días y exigir entre 500 y 1,500 soles en trámites, cifras que representan entre el 20 y 30 por ciento del capital inicial de un emprendedor. También se requieren 380 horas al año para cumplir las obligaciones administrativas.

Marisol León advirtió que es necesario rediseñar las normas actuales para facilitar la formalización. “Si queremos un país más formal, debemos rediseñar las reglas pensando en el comercio, el sector con mayor impacto social. Se necesitan de trámites más simples y rápidos, costos proporcionales al tamaño del negocio y una ruta que acompañe al crecimiento en lugar de penalizarlo”, subrayó.

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