“Un número. Que quede claro que no están en un curso de filosofía. En lo que concierne a la ley y a esta cuestión, la respuesta es un número, y ese es su trabajo”. Con esta frase comienza la película «¿Cuánto cuesta la vida?», que aborda el tema de las compensaciones económicas para las víctimas del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Los economistas, en ocasiones, nos enfrentamos a la poco noble tarea de asignar un valor económico, un precio, un número, a la vida. Dejamos de lado la filosofía y la religión para proporcionar la cifra que esperan el juez, el abogado o los familiares. Para la ciencia económica, la vida no tiene el mismo valor para todos. Cualquier número que se proponga, por más fundamentado que esté, será cuestionado por alguna de las partes en conflicto. Sin embargo, ese número sirve como punto de partida para una negociación racional, un regateo basado en criterios objetivos.
Cuando no es posible devolver la vida de una persona y se debe compensar a los familiares por la pérdida, la economía y el derecho se enfocan en cuantificar el valor económico de la vida perdida para determinar una indemnización “justa”. Este proceso es complejo y delicado, ya que la vida humana no tiene un precio intrínseco. No obstante, se utilizan criterios objetivos para calcular una compensación que cubra tanto los daños materiales como los morales.
Desde una perspectiva económica, se evalúa el valor económico futuro perdido, que incluye los ingresos que la persona fallecida habría generado a lo largo de su vida laboral. Este cálculo considera factores como la edad, la profesión, el nivel educativo, la experiencia laboral y las expectativas de crecimiento salarial. Este enfoque se basa en el concepto de capital humano, que considera a la persona como un factor de producción y mide su valor económico en función de su capacidad para generar ingresos.
Además, es necesario sumar los daños morales y emocionales, que son más subjetivos. Aquí se incluyen el dolor, el sufrimiento y la pérdida de compañía que experimentan los familiares.
No existe una fórmula mágica para cuantificar el valor economico de la pérdida de la vida, pero los tribunales utilizan la racionalidad y la lógica para determinar un monto que, aunque subjetivo, busca ser lo más justo posible.
