Tras las manifestaciones de dirigentes de 105 asentamientos humanos de los distritos de Piura, Castilla, 26 de Octubre y Medio Piura, que exigían obras de agua y alcantarillado para sus hogares, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que en la provincia de Piura existen 6 proyectos paralizados de agua y saneamiento –dos a cargo del Gobierno Regional de Piura y cuatro de municipalidades distritales–, que en conjunto valen más de S/ 88 millones.
Entre estas obras destacan la ampliación y el mejoramiento de las tuberías en Las Lomas y La Arena, así como proyectos en Tambogrande, Catacaos y el distrito de Piura que no muestran avance en meses.
Entre distintas causas, la paralización responde a la inestabilidad en la gestión pública. La constante rotación de funcionarios en los gobiernos regionales y municipales, motivada por razones políticas o judiciales, interrumpe la continuidad de los proyectos y dificulta el monitoreo de los acuerdos planificados. Cada nuevo cambio implica tiempo de adaptación: revisar lo avanzado, capacitarse en los expedientes y retomar coordinaciones, lo que genera retrasos adicionales en obras que incluso ya cuentan con financiamiento.
“El Estado tiene el deber de brindar servicios básicos a todas las familias, es un derecho. Sin embargo, en Piura solo el 16% de los hogares tiene agua todo el día y el 37% no cuenta con desagüe. Resolver esta situación requiere estabilidad en los equipos técnicos y una gestión que dé continuidad a los proyectos; de lo contrario, cada cambio de funcionario genera un tiempo muerto que retrasa la ejecución o la planificación de proyectos”, afirmó Germán Vega, economista de REDES.
En Piura, un gerente general del Gobierno Regional dura en promedio 11 meses (menos de un año) en el puesto, pese a que la gestión de un gobernador se extiende por cuatro años.
El resultado es una gestión fragmentada que debilita a las instituciones y refuerza la percepción ciudadana de que “la región no avanza”. La consecuencia directa es la pérdida de confianza. Según el INEI, 6 de cada 10 piuranos, actualmente, desaprueban la gestión regional.
“La inestabilidad se explica porque muchos cargos se designan por criterios políticos y no técnicos, sin mérito ni continuidad, lo que debilita a los equipos. Una salida es avanzar en la implementación del régimen SERVIR para que los puestos clave se asignen por concurso público y no por confianza. No se deben abandonar las reformas que permitan atraer y retener a los mejores profesionales para servir al Estado y garantizar servicios básicos de calidad”, indicó Vega.
Finalmente, el economista señaló que la población no solo cuestiona que las obras estén paralizadas, sino también la falta de rumbo que transmite el Estado. Esa desconfianza afecta la relación entre ciudadanos e instituciones y, al generar un clima de incertidumbre, la inversión privada se ve afectada. “Sin inversión no se crean empleos ni se dinamiza la economía local, y con ello el desarrollo social de la región se ve limitado”, concluyó.
