El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) puso en marcha el proyecto piloto orientado al diseño de nuevas herramientas de fiscalización del proceso de contratación de servicios móviles, basado en un enfoque de riesgos.
Esta iniciativa se sustenta en la verificación anticipada de elementos clave del proceso y en la confianza regulatoria, marcando un avance hacia una fiscalización más moderna, técnica y alineada con los desafíos actuales del mercado de telecomunicaciones.
En el marco de este piloto, promovido por el OSIPTEL, las empresas operadoras Integratel y Entel expresaron su voluntad de participar activamente en un entorno de cocreación regulatoria, que permitirá profundizar en el análisis de información técnica específica, diseño y validación de herramientas, identificación de riesgos y de incentivos.
La participación voluntaria de ambas empresas también permitirá analizar en detalle elementos críticos del proceso de contratación de servicios, como la trazabilidad del chip, la validación de identidad del usuario, el uso de equipamiento biométrico, la contratación y activación del servicio, entre otros. De esta manera, se busca determinar los riesgos regulatorios asociados a dicho proceso.
Asimismo, esta interacción contribuirá al desarrollo de protocolos, listas de verificación y propuestas tecnológicas orientadas a fortalecer la trazabilidad y confiabilidad del proceso. Esto permitirá diferenciar la diligencia de los operadores para ejecutar el proceso y, por ende, la presión regulatoria futura que ejerza el OSIPTEL.
Este proyecto innovador se suma a la constante actualización de la regulación y al perfeccionamiento continuo de las herramientas de fiscalización del OSIPTEL, señal concreta de adaptación al dinamismo del mercado; tal como ocurrió con el mayor uso de mecanismos no punitivos durante la etapa de fiscalización, significando que las acciones preventivas pasaron de 8.5 % en 2022 a 33.1 % en 2025, respecto del total de fiscalizaciones iniciadas.
Acciones con el piloto
El piloto, con una duración de cuatro meses, contempla visitas de campo, trabajo técnico y evaluación de establecimientos autorizados en regiones del país, con el propósito de construir una metodología de fiscalización basada en riesgos, que será aplicable para alrededor de 70 000 establecimientos existentes a nivel nacional.
Así, el equipo de trabajo propondrá el cierre de la brecha tecnológica y normativa, que permitan fortalecer la fiscalización preventiva y la autorregulación, sin tener que llegar a la etapa instructiva ni sancionatoria.
En contraste, Claro y Bitel decidieron no sumarse a esta fase inicial del proyecto, pese a tratarse de un espacio técnico no vinculante, sin efectos jurídicos individuales y concebido para enriquecer, desde la experiencia operativa colectiva, el diseño de futuras herramientas de fiscalización.
En esa línea, el OSIPTEL reafirma que la innovación regulatoria requiere diálogo, apertura técnica y corresponsabilidad entre regulador y operadores, especialmente en procesos donde la protección del usuario y la integridad de la contratación constituyen prioridades estratégicas.
