El cierre masivo de 29 centros comerciales en el Perú, como medida adoptada tras el siniestro ocurrido en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, ha generado un efecto devastador sobre la economía local. Según datos de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), más de 100 mil empleos directos e indirectos están en suspenso, mientras que 2,500 negocios entre tiendas y módulos de venta han dejado de operar, enfrentando cuantiosas pérdidas económicas. Este escenario pone en evidencia no solo los problemas de capacidad técnica de las municipalidades para realizar una fiscalización adecuada, sino también el riesgo de decisiones sobrerreactivas que afectan gravemente al tejido productivo del país.
Un tercio de los centros comerciales paralizados
Con el cierre reciente de dos nuevos malls, incluido el Plaza Lima Sur, administrado por Cencosud, el número total de centros comerciales clausurados alcanzó 29 representando casi un tercio (31.9%) del total de malls operativos en el país. El caso del Plaza Lima Sur es emblemático: fue cerrado temporalmente por la Municipalidad de Chorrillos debido al desprendimiento de 10 baldosas en el techo del patio de comidas, un incidente asociado al temblor ocurrido esa mañana. Sin embargo, según el subgerente de Inspección y Control de Sanciones del municipio, Roland Jayo, el cierre se justificó por «riesgos detectados en la infraestructura», sin presentar pruebas fehacientes que respalden esta decisión.
Para José Antonio Contreras, gerente general de ACCEP, estas medidas reflejan una falta de proporcionalidad. «Las municipalidades están fiscalizando ex post, pero cerrando los centros comerciales cuando lo normal es que los comercios tengan dos días para subsanar observaciones», señaló Contreras en entrevista con Perú21.
Impacto económico: Pérdidas millonarias y empleos en riesgo
El cierre de estos centros comerciales ha dejado un saldo preocupante:
- 65 mil empleos directos afectados, muchos de ellos vinculados a trabajadores dependientes de ingresos variables.
- 35 mil empleos indirectos perdidos, impactando a proveedores, distribuidores y otros actores de la cadena productiva.
- 1,500 locatarios y más de 1,000 módulos de venta han dejado de operar, enfrentando obligaciones financieras y pérdidas de inventario, especialmente críticas durante la temporada escolar.
Además, las empresas proveedoras de bienes perecibles para supermercados ubicados dentro de los malls también han sido gravemente afectadas. Al impedirse la entrada de personas, productos como frutas, verduras, carnes y embutidos se pierden, generando pérdidas incalculables para pequeños agricultores y distribuidores.
«Si bien es cierto que hubo una tragedia, la situación ha llegado a un extremo y se ha convertido en una búsqueda de notoriedad por parte de los municipios», criticó Contreras.
Incapacidad técnica y descentralización fallida
El exministro de Economía David Tuesta atribuye este problema a la incapacidad de las municipalidades para realizar una fiscalización efectiva, una consecuencia de la descentralización mal implementada. Actualmente, las comunas tienen la autoridad para emitir certificados clave como el de construcción, demolición, Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y funcionamiento. Sin embargo, la falta de personal técnico calificado ha resultado en decisiones erráticas o sobrerreactivas.
Tuesta explicó que el plazo de vigencia del ITSE ha variado históricamente (de 1 año, a 10 años, y luego a 2 años), pero lo crucial no es el plazo, sino la calidad de la inspección. «¿Cuál es la reacción del que no sabe qué hacer? Repartir palo a todo el mundo, cierro y se acabó. Como no sé qué hacer, cierro todo», afirmó.
El exministro propuso generar un sistema de acreditación de capital humano para garantizar que los municipios cuenten con ingenieros capacitados para realizar inspecciones técnicas. En caso de no contar con este personal, la responsabilidad debería transferirse a instancias superiores, como las municipalidades provinciales, gobiernos regionales o alguna entidad del Ejecutivo.
Sobrerreacción y riesgo de corrupción
Por su parte, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, destacó que el cierre indiscriminado de centros comerciales responde, en parte, al temor de las autoridades locales de enfrentar responsabilidades penales o civiles por omisión de funciones en caso de incidentes. Sin embargo, también advirtió que esta situación podría abrir la puerta a prácticas de corrupción y chantaje, donde algunos municipios podrían aprovecharse de su poder para exigir pagos indebidos a cambio de evitar cierres.
«En este cierre de centros comerciales, hay de las dos motivaciones. No podría decir cuál de las dos está primando», señaló Cuba.
El rol del gobierno central
Frente a esta crisis, Tuesta enfatizó que el gobierno central no puede dar la espalda. Los centros comerciales son una fuente importante de consumo en el país, y su paralización pone en riesgo la meta de crecimiento económico del 4% proyectada por el ministro de Economía, José Salardi.
«No he escuchado ningún tipo de comentario del Ejecutivo sobre qué hacer en el futuro», lamentó Tuesta, quien instó al gobierno a asumir un rol activo en la regulación y supervisión de estas actividades. Propuso que el Ejecutivo genere mecanismos para fortalecer la capacidad técnica de los municipios o redistribuir estas responsabilidades a instancias con mayor expertise.
«Nadie dice que se le quite esa autoridad al municipio, pero este debe acreditar que cuenta con el personal calificado para hacer ese trabajo», concluyó.
