Piura es una región expuesta a diversos peligros naturales. Su ubicación en la costa del Perú la hace vulnerable a eventos asociados al Fenómeno El Niño (FEN), como lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos. A ello se suma su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, que la expone a movimientos sísmicos, un riesgo presente en la agenda ante la reciente actividad sísmica nacional e internacional. En este contexto, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) revisó las condiciones de la infraestructura urbana piurana para conocer qué tan vulnerable se encuentra la población.
En 2026 se han registrado 38 sismos en Piura, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En la primera mitad de agosto ocurrieron cinco, tres de ellos en un mismo día. El problema, por tanto, no es únicamente que los sismos ocurran, sino que pueden afectar a una población e infraestructura ampliamente expuestas.
De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 57 distritos de Piura presentan riesgo alto o muy alto ante sismos, la segunda mayor cantidad del país después de Lima. Estos distritos se distribuyen en las ocho provincias de la región: Sullana, Piura, Paita, Ayabaca, Sechura, Morropón, Talara y Huancabamba. Siete provincias cuentan con distritos en riesgo muy alto, mientras que Huancabamba registra distritos en riesgo alto.
En estos distritos, alrededor de 540 mil viviendas se encuentran en riesgo alto o muy alto ante sismos. La exposición también alcanza a la infraestructura de servicios esenciales: más de 3.600 locales educativos y más de 400 establecimientos de salud se encuentran en algún nivel de riesgo. Es decir, un sismo de considerable magnitud podría afectar los hogares de cientos de miles de familias, además de los espacios donde los piuranos estudian y reciben atención médica.
“Un sismo representa un grave peligro para la vida e implica la posibilidad de pérdidas humanas. Sumado a ello, también se producen pérdidas materiales cuya recuperación es difícil, pues requiere tiempo y recursos que muchas veces son limitados en un contexto de emergencia. Por ello, es necesario implementar medidas que permitan reducir la vulnerabilidad de la infraestructura urbana de la que dependen los ciudadanos. Quienes finalmente terminan sufriendo más son las familias que poseen viviendas con poca calidad de construcción y materiales, los menores que asisten a locales educativos que no garantizan seguridad y aquellos que acuden a establecimientos de salud que no están preparados para resistir un sismo”, comentó Germán Vega, economista de REDES.
La magnitud de la exposición hace necesario que la prevención sea prioritaria. Los Gobiernos Nacional, Regional y Local deben trabajar articuladamente para reducir la vulnerabilidad de las viviendas y garantizar que las instituciones educativas y los establecimientos de salud cuenten con condiciones adecuadas para enfrentar un sismo. No se trata de alarmarse, sino de prepararse antes de que ocurra una emergencia.
“Una oportunidad de mejora es reforzar las viviendas. Este reforzamiento podría sustentarse a través de programas de información de acceso y alcance público, así como del impulso del ya existente Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos, destinado principalmente a las familias en situación de pobreza o pobreza extrema. Asimismo, atacar la informalidad de las construcciones permitiría el reconocimiento, la asistencia y el financiamiento para tratar los espacios físicos que se encuentren en riesgo. Lo importante es poder atacar la problemática de raíz, no necesariamente actuar una vez el desastre haya llegado a nosotros”, remarcó Vega.
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