El Estado movilizó S/ 8 228 millones y declaró en emergencia 1,380 distritos. También abrió la puerta al sector privado vía Obras por Impuestos. La pregunta ya no es cuánto se asigna, sino cuánto se ejecuta antes de que lleguen las lluvias.
El Gobierno desplegó un paquete de medidas normativas y financieras para reducir los riesgos del Fenómeno El Niño 2026-2027. Sus efectos podrían golpear la infraestructura, los servicios públicos y la actividad económica de varias regiones. El paquete incluye la declaratoria de emergencia, créditos suplementarios, transferencias para obras de mitigación y mejoras al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).
Para las mypes, el calendario importa tanto como el monto. Una carretera bloqueada o un mercado inundado interrumpen la cadena de pagos de miles de negocios pequeños. Eso ocurre antes de que llegue cualquier ayuda estatal. Por eso la velocidad de ejecución es, en la práctica, una política de reactivación económica.
Emergencia declarada en 1,380 distritos
El DS N.° 149-2026-PCM declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 1,380 distritos. Estos se ubican en 191 provincias de 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. La causa es el peligro inminente de lluvias intensas.
La norma reconoce que el riesgo superó la capacidad de respuesta de los gobiernos subnacionales. Por eso justifica una intervención coordinada del Gobierno central. La medida habilita mecanismos extraordinarios de gestión pública antes de que se produzcan daños mayores.
El INDECI hace el seguimiento técnico, junto con los ministerios de Salud, Educación, Infraestructura, Agricultura, Vivienda, Transportes y Desarrollo Social. La eficacia dependerá de los gobiernos regionales y locales. Ellos deben convertir la declaratoria en acciones concretas de prevención, mitigación y protección de la población.
S/ 13.98 millones para once municipios
El DS N.° 238-2026-EF autorizó una transferencia de S/ 13.98 millones a favor de once gobiernos locales. Los recursos financian catorce intervenciones priorizadas por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES). Cubren un proyecto de inversión, cuatro actividades de mitigación y nueve IOARR de emergencia.
El monto es focalizado, pero tiene una virtud. Las inversiones fueron evaluadas y priorizadas técnicamente antes de asignarse. El desafío persiste en la ejecución. Muchos municipios arrastran limitaciones administrativas y técnicas históricas.
Crédito suplementario de S/ 8 228 millones
La Ley N.° 32744 aprobó un crédito suplementario de S/ 8 228 millones y autorizaciones de endeudamiento. Los fondos financian acciones vinculadas al FEN, seguridad ciudadana, salud, educación e infraestructura.
La norma incorpora un componente explícito de reactivación. Destina recursos a inversión pública, mantenimiento de infraestructura y servicios esenciales. Esas intervenciones pueden generar empleo directo e indirecto en construcción, transporte y servicios conexos. Son justamente los rubros donde operan miles de mypes.
El mantenimiento preventivo también evita costos futuros. Reduce los daños por inundaciones en carreteras, colegios, establecimientos de salud y saneamiento. A ello se suman otros destinos. La norma financia Pensión 65, comedores populares y ollas comunes. Sostiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Y reduce brechas de conectividad en zonas rurales.
Obras por Impuestos: 120 servicios y convenios en menos de 30 días hábiles
El DU N.° 010-2026 amplió temporalmente el mecanismo OxI. Incorporó servicios e IOARR de emergencia vinculados al FEN 2026-2027. También estableció procedimientos simplificados. Estos buscan reducir a menos de 30 días hábiles el plazo entre la priorización y la firma del convenio.
Las resoluciones ministeriales emitidas conformaron un listado de 120 servicios ejecutables por esta vía. Se distribuyen en 12 ministerios. El 65% se concentra en cuatro sectores. Salud suma 28 servicios, Transporte y Comunicaciones 26, Cultura 14 y Agricultura 10.
Para las pymes proveedoras, esta es la ventana más concreta. Ofrece contratos con plazos cortos y demanda de mano de obra local. También permite encadenamiento con empresas de servicios.
El riesgo de acelerar sin control
El IEDEP pide que la agilización vaya acompañada de estándares rigurosos de transparencia, calidad y fiscalización. Reducir plazos administrativos no puede traducirse en evaluaciones técnicas más superficiales. Tampoco en una supervisión insuficiente.
Cuanto mayor sea el ritmo de aprobación, mayor debe ser la capacidad de verificación de las entidades públicas. Deben comprobar la idoneidad de los proyectos y la selección de las empresas participantes. También el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El principal riesgo es que la urgencia desplace criterios esenciales de calidad y control. Eso derivaría en mayores costos de mantenimiento y corrección. La emergencia climática justifica acelerar la respuesta del Estado. No justifica debilitar los mecanismos que garantizan el uso transparente y eficiente de los recursos públicos.
Fuente: Cámara de Comercio de Lima
