El Perú continúa consolidándose como un país de trabajadores esforzados y emprendedores. Sin embargo, a pesar de su incansable labor diaria, una gran parte de los peruanos permanece en la informalidad, trabajando sin cobertura de seguridad social, sin acceso a prestaciones laborales y fuera del marco legal vigente.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hacia finales de 2024 el 70.9% de los trabajadores peruanos laboraban en condiciones informales. Aunque esta cifra resulta alarmante, representa una ligera disminución respecto al 71.1% registrado en 2023, tal como lo señala un informe publicado en el suplemento Económika del diario El Peruano.
Un reto para el desarrollo económico
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, afirmó que la informalidad representa uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país. Durante la reciente sesión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde el Perú avanza en su proceso de adhesión, las comisiones internacionales elogiaron los progresos nacionales, pero no dejaron de subrayar la urgencia de combatir la informalidad laboral.
Entre 2022 y 2024, la formalidad en el país creció más de 3%. Sin embargo, Maurate enfatizó que aún queda un largo camino por recorrer, y que esta tarea debe ser asumida de manera conjunta por el gobierno actual, los futuros gobiernos y la sociedad civil.
Más de 12 millones de trabajadores en la informalidad
La implementación del Registro de Trabajadores en la Informalidad Laboral ha permitido un avance sustancial en la identificación de esta problemática. Según datos oficiales, en el Perú existen 12 millones 387,570 personas que trabajan de manera informal. Esta cifra coincide casi plenamente con la obtenida en la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN 2025).
El registro, además de cuantificar, ofrece información detallada sobre género, edad, ubicación geográfica y nivel educativo de los trabajadores informales. Esto facilita su geolocalización y perfilación para diseñar políticas públicas más efectivas. También incluye datos sobre la nacionalidad, en un contexto de creciente presencia de migrantes en el mercado laboral.
Dinámica entre formalidad e informalidad
Un aspecto relevante que reveló el registro es el flujo de trabajadores que transitan entre la formalidad y la informalidad. Daniel Maurate explicó que muchos empleados pierden competencias laborales debido a cambios en sus centros de trabajo. Ello los obliga a migrar hacia el empleo informal. De igual manera, el ingreso a la formalidad suele estar protagonizado por jóvenes con nuevas habilidades, especialmente digitales, que responden a las demandas actuales del mercado.
Inclusión de personas con discapacidad crece de manera sostenida
Otro logro destacado por el ministro fue el aumento en la inclusión laboral de personas con discapacidad. En 2022, apenas 2,000 trabajadores con discapacidad figuraban en planillas formales; en cambio, para enero de 2025, la cifra superó las 13,000 personas. Esta mejora, fruto de campañas de sensibilización y programas de empresas inclusivas, se proyecta al alza. Esto debido a que en la Encuesta de Demanda Ocupacional se registró la intención de contratar a 15 000 personas con discapacidad este año.
Diversas formas de informalidad en el país
El Ministerio de Trabajo identificó cuatro principales tipos de informalidad laboral en el Perú. La primera corresponde a acuerdos entre empleadores y trabajadores para no ingresar a planilla y recibir el salario íntegro, práctica extendida en las micro y pequeñas empresas. Maurate señaló que una posible solución sería que el Estado asuma una parte del costo laboral de estos trabajadores, que apenas alcanza el 5.6% en las mypes, como una medida de política pública.
La segunda forma corresponde a emprendedores que cuentan con un Registro Único de Contribuyente (RUC) activo, pero requieren apoyo para completar su proceso de formalización. Para ellos se diseñarán campañas de capacitación y acompañamiento.
En tercer lugar se ubican los influencers, quienes, a pesar de generar altos ingresos, no figuran en planillas ni cuentan con protección social. Dado que en su mayoría son jóvenes, se plantea una política de sensibilización enfocada en destacar los beneficios de la formalidad.
Finalmente, se encuentra el grupo de los autoempleados, compuesto por personas que prefieren crear sus propios negocios antes que trabajar en empresas. Para este segmento se plantea diseñar una guía de consulta que los oriente en su proceso de formalización.
«Mi Carrera»: una apuesta por una mejor inserción laboral
Con el objetivo de mejorar la inserción laboral de los jóvenes y reducir la inadecuación ocupacional, el Ministerio de Trabajo relanzó la plataforma «Mi Carrera». Esta herramienta, que toma como antecedente a «Ponte en Carrera» (desarrollada entre 2014 y 2016), permite a los jóvenes evaluar la oferta educativa y tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional.
Actualmente, más de dos millones de usuarios visitan la plataforma, lo cual refleja un creciente interés de los jóvenes por alinear su formación a las necesidades del mercado laboral. El ministro Maurate sostuvo que esta iniciativa contribuirá a disminuir la inadecuación ocupacional en el mediano y largo plazo, la cual alcanzó el 67% en 2022.
Panorama de la informalidad en cifras
De los 12 millones 387,570 trabajadores informales registrados, Lima concentra el 35.5%, seguida por La Libertad con el 5.6% y Piura con el 5.1%. En Lima Metropolitana, el 88% de los trabajadores informales se ubican en los distritos de San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres y Comas.
El análisis por edad muestra que el 58% de los trabajadores informales son adultos entre 30 y 59 años, mientras que dos millones 385,000 corresponden a jóvenes de entre 18 y 29 años. En cuanto al género, las mujeres representan el 47% del total, con cinco millones 874,000 trabajadoras informales.
Finalmente, se estima que el 95% de la población peruana participa en actividades laborales, tanto formales como informales, lo que refleja la magnitud del desafío que enfrenta el país en materia de formalización laboral.
