El presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú, Benito Fernández Briones, advirtió que las organizaciones de regantes tienen prohibido destinar recursos económicos a movilizaciones, protestas o paralizaciones, y solicitó la intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ante posibles irregularidades.
El dirigente sostuvo que financiar pasajes, alimentación u otros gastos vinculados a protestas constituye una falta grave, sancionable por la autoridad competente. En ese sentido, exhortó a los presidentes de juntas a nivel nacional a no ceder ante presiones de colectivos o grupos que promuevan este tipo de acciones.
Fernández Briones recordó que la normativa vigente es clara respecto al uso de los fondos. Citó el artículo 190 del Decreto Supremo 01-2010-AG, que establece que las tarifas recaudadas solo pueden ser destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.
Asimismo, precisó que la ANA realiza supervisiones periódicas —hasta cuatro veces al año— para verificar el uso adecuado de los recursos. En caso de detectarse irregularidades, se pueden iniciar procedimientos administrativos sancionadores contra los responsables.
El representante nacional anunció que solicitará un mayor control por parte de la autoridad para evitar que las juntas sean utilizadas como fuente de financiamiento de protestas.
Finalmente, reafirmó que el cumplimiento de la normativa es fundamental para garantizar una gestión eficiente, transparente y sostenible del agua, recurso clave para la actividad agrícola en el país.
