El 44% de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche (PVL) de la región Piura no cumple con los criterios de pobreza para acceder a esta ayuda estatal. Esto según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2023, consignados por ComexPerú.
Dicho resultado representa a 100,173 favorecidos, la segunda mayor cifra de infiltrados en esta iniciativa a nivel nacional. Se desglosa en 74,497 personas consideradas vulnerables no pobres y 25,676 no vulnerables. Mientras que, 127,643 de los beneficiarios son considerados pobres, criterio indispensable para acceder al programa.
“Este es un problema recurrente en los programas sociales, pero los resultados del PVL a nivel nacional son excesivos. A pesar de la magnitud del problema, los esfuerzos del Estado para destinar mejor estas asistencias a la población que verdaderamente las requiere han sido mínimos”, refirió ComexPerú.
Además de beneficiar a personas que no deberían ser incluidas, esta problemática representa una mala utilización del presupuesto del programa. En Piura, el monto destinado a los infiltrados asciende a aproximadamente S/ 19.8 millones, la mayor cifra incorrectamente empleada de todo el país.
“A nivel nacional, el costo promedio para atender a cada beneficiario es de S/ 198, un valor que se obtiene dividiendo el presupuesto ejecutado entre la cantidad de beneficiarios reportados por las municipalidades. La cifra estimada por la Enaho supera lo registrado oficialmente, lo que indica problemas administrativos y una alta tasa de infiltración», consideró el gremio.
Situación nacional
En 2023, el Programa Vaso de Leche registró a 2,725,729 beneficiarios en todo el país. De los cuales, aproximadamente 1,263,499 (46.4%) no cumplían con los criterios de pobreza para acceder a esta iniciativa. Este desajuste representó una utilización indebida de recursos, con un presupuesto de S/ 250 millones dirigidos a beneficiarios no pobres.
Son 8,444,458 las personas en situación de pobreza que no acceden al programa. Este panorama se da a pesar que está diseñado para atender a toda la población vulnerable del país. La mayoría de las infiltraciones ocurrió en las instituciones educativas, donde se atendió a 561,812 beneficiarios que no estaban en situación de pobreza (44.5% del total). Le siguen las casas coordinadoras, con 474,399 infiltrados (37.5%).
En ambos casos, la decisión sobre quién recibe los beneficios recae en las escuelas o comités vecinales, que enfrentan dificultades para identificar adecuadamente a los beneficiarios en situación de pobreza.
