Las micro y pequeñas empresas (MYPE) continúan enfrentando barreras burocráticas que afectan su competitividad, especialmente las bodegas, uno de los sectores más representativos del comercio minorista peruano. De acuerdo con el Centro de Estudios de Mypes Unidas del Perú, una bodega puede requerir hasta 12 trámites distintos para operar legalmente, situación que impacta directamente en su rentabilidad y fomenta la informalidad en miles de emprendimientos familiares.
Burocracia municipal y restricciones que afectan a las MYPE
Según Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de Mypes Unidas del Perú, para Diario Gestión, una de las principales trabas para las pequeñas empresas es la restricción horaria para la venta de bebidas alcohólicas, impuesta por diversas municipalidades. Sin embargo, recordó que el Indecopi, mediante la Resolución N.º 0382-2025/SEL, declaró esta medida ilegal al considerarla carente de sustento técnico y contraria al principio de razonabilidad.
El organismo señaló que estas restricciones vulneran la libertad de empresa y generan sobrecostos que reducen la competitividad del sector. Hermoza enfatizó que “cada trámite adicional, cada restricción municipal o permiso duplicado representa tiempo y dinero que las pequeñas empresarias no tienen”, subrayando que muchas bodegas operan con márgenes mínimos y que estas cargas administrativas las empujan a la informalidad.
Mypes exigen eliminar trabas para fomentar la formalización
En respuesta a este panorama, diversos gremios empresariales sostuvieron una reunión con el presidente de la República, José Jerí, en Palacio de Gobierno, donde solicitaron la eliminación de las trabas burocráticas que frenan la inversión privada y la formalización. Durante el encuentro, el Ejecutivo se comprometió a revisar los procesos regulatorios que afectan el clima de negocios y la generación de empleo en el país.
De acuerdo con Mypes Unidas del Perú, una bodega promedio debe cumplir hasta 12 requisitos administrativos, entre licencias de funcionamiento, permisos sanitarios y autorizaciones de comercialización, además de enfrentar fiscalizaciones duplicadas por diferentes entidades públicas.
Impacto económico y desigualdad regulatoria para las bodegas
La Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub) alertó sobre el impacto desigual de las normativas locales en comparación con las grandes cadenas comerciales. “No se puede exigir a las bodegas cumplir con más requisitos que las grandes cadenas. Las municipalidades deben entender que somos parte del tejido económico del país y que, en lugar de sancionarnos, deberían apoyarnos con capacitación y simplificación de trámites”, declaró su presidenta, Carla Campos.
El gremio también advirtió que las normas restrictivas, como la Ley Seca, podrían ocasionar pérdidas superiores a S/320 millones en 2026, afectando directamente a las pequeñas comerciantes. Hermoza remarcó que “las bodegas son el primer eslabón de la economía popular. Si las asfixiamos con trámites y multas injustificadas, perdemos todos: el Estado, los consumidores y las familias emprendedoras”.
